La dirección de la empresa pública propone una reducción salarial del 10,3% a los trabajadores en 2016 y de un 4,7% en 2017 y advierte de que no hay más margen para solucionar el conflicto. Los trabajadores insisten en la necesidad de aumentar la partida destinada al centro en los presupuestos regionales y abrir nuevas vías de financiación.
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