El primer despido en una empresa pública canaria tras la reforma laboral
auspiciada por el Partido Popular fue improcedente. Así lo acredita una
sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Las Palmas de Gran
Canaria que condena a Gestión Recaudatoria de Canarias (Grecasa),
dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno
regional, a readmitir en su puesto de trabajo o indemnizar, en una
cantidad que dobla a la que percibió en el momento de la rescisión del
contrato, a la trabajadora Judit Marrero, a quien la empresa despidió en
marzo alegando el absentismo como causa objetiva.(Ver noticia)
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