La primera víctima podría ser la consejera de Empleo, Margarita Ramos, a
la ha afectado de modo directo la reducción de 42 a 10 millones de las
asignaciones del Estado al Plan Integral de Empleo, lo que vaciaría de
contenido el Servicio Canario de Empleo y obligaría a una reconversión
laboral brutal.(Ver noticia)
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