Se trata de la primera condena en firme a la Administración General del Estado (AGE) por la retirada de la paga ‘extra’. Hasta ahora, todos los pronunciamientos judiciales se habían producido a nivel autonómico y local. Según el sindicato de funcionarios CSI-F, la sentencia no deja lugar a dudas, pues censura “la aplicación retroactiva del Real Decreto porque contravendría los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima”.(Ver noticia)
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