LA APLICACIÓN DEL DECRETAZO DE ZAPATERO QUE REALIZA EL GOBIERNO DE CANARIAS EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS, LA MÁS LESIVA DE TODO EL ESTADO ESPAÑOL.

El Gobierno de Canarias mediante la Ley 7/2010, de 15 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010, pretende aplicar a las empresas públicas recortes que van más allá del 5% de los salarios previsto por el RDL 8/2010, del Gobierno de Zapatero.

Mientras todas las Comunidades Autónomas que ya han dictado sus propias normas para aplicar el mencionado RDL (15 en total), hablan de reducir un 5% la masa salarial o un 2,8% los gastos de personal de las empresas públicas, la Comunidad Autónoma de Canarias plantea reducir el 5% en cada concepto retributivo y, además, eliminar, en aquellas pocas que lo disfrutan, los seguros médicos privados y las aportaciones a planes de pensiones. Por otro lado, también plantea la Ley canaria equiparar las retribuciones de los empleados de las empresas públicas a las retribuciones que cobra el personal laboral de la Comunidad Autónoma, pero sólo y únicamente en el caso de los que cobran por encima, los que cobran menos, que son la mayoría, no tienen derecho a esa equiparación.

De este modo, resulta que los trabajadores de las empresas públicas del Gobierno de Canarias, en aplicación de preceptos básicos de la Ley estatal, por tanto, de aplicación igual en todo el territorio español, son los que saldrán peor parados de todo el Estado en este esfuerzo de contención del gasto público. Se da la circunstancia que de llevarse a cabo la aplicación de la Ley canaria, tal cual la definió el Gobierno de Paulino Rivero y de José Manuel Soria, habría empleados de las empresas públicas canarias que sufrirían recortes muy superiores al 5% previsto por el RDL del Gobierno español, estableciendo un agravio comparativo entre los empleados de las Islas Canarias, ya de por sí, con los salario más bajos de todo el estado español, y los empleados de las empresas públicas de otras comunidades autónomas, donde además de cobrar más, se les recorta menos y no exclusivamente de los salarios.

Como quiera que además, los recortes previstos para las empresas públicas solamente podrán llevarse a cabo de llegarse a un acuerdo en negociación colectiva, la aplicación de la propia Ley se convierte en todo un ejercicio de inventiva para su aplicación. Y aquí entra el doble lenguaje que ya en precampaña electoral estamos presenciando por parte de un Gobierno de pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Mientras que por parte del Presidente del ejecutivo Regional D. Paulino Rivero, se suceden las manifestaciones tendentes a frenar las propuestas del Consejero de Hacienda de realizar recortes en el sector público, defendiendo que no son estos los mejores momentos para hablar de recortes de empresas públicas y adelgazamientos de la estructura orgánica de la Administración de la Comunidad Autónoma, parece ser que las consignas transmitidas desde la Consejería de Hacienda a los gerentes de las empresas públicas del Gobierno de Canarias son las de destruir empleo. Según las noticias que nos llegan por parte de algunos de los comités de empresa, los gerentes de las empresas públicas pretenden forzar a los comités de empresa a pactar los recortes previstos en la Ley bajo la amenaza de que de no llegar a acuerdo procederán a despedir trabajadores.

Este burdo chantaje con el que no puede estar de acuerdo de ninguna de las maneras los sindicatos CC.OO. y U.G.T. viene a demostrar la manifiesta incapacidad de los gestores de las empresas públicas para llegar a acuerdos, aún en un contexto de crisis económica en el que cualquier trabajador puede entender que en momentos de crisis todos tenemos que apretarnos el cinturón y que debemos intentar gestionar de modo más eficiente los recursos públicos para reducir el déficit general existente, debido, en muchas de las empresas públicas, a los excesivos costes salariales de los directivos y no, precisamente, de sus trabajadores.

Ante esta situación, U.G.T. y CC.OO. pedirán, para la primera quincena de septiembre, una reunión urgente con la Viceconsejera de Hacienda del Gobierno de Canarias para que explique directamente cómo se ha de aplicar la Ley canaria en el sector de las empresas públicas, dentro de los márgenes de respeto a la negociación colectiva y sin caer en las extralimitaciones competenciales que el texto normativo plantea, es decir, los recortes más allá del 5% de los conceptos retributivos. De este modo, entiende U.G.T., se evitaría dejar en manos de los directores y gerentes de estas empresas la interpretación arbitraria, sui generis y contraria a derecho que están realizando.

REDACCIÓN