Pretende el Gobierno, dice el sindicato, que toda esa financiación vaya en exclusiva a la Agencia Canaria de Investigación y Sociedad de la Información, y que por eso durante todos estos años, desde 2008, se ha dedicado a “poner trabas artificiales” y a hacer “artilugios contables” para colocar a esa S.A. en causa de disolución. (Ver noticia)
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