El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo.
Si la entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta
prioridad, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o
autoridad autonómica equivalente podrán aplicar dicha prioridad si lo
ven adecuado a las circunstancias.
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