Los 2.800 trabajadores que ejercen su trabajo en las empresas y
fundaciones públicas están sometidos, además, a una serie de medidas que
van más allá de la rebaja salarial del 5%. Los complementos de
antigüedad e incapacidad temporal se igualarán al del resto del personal
de la Comunidad Autónoma al margen de lo que figure en sus convenios
colectivos. Asimismo, se suspenden durante dos años todas las medidas de
acción social y los acuerdos, pactos y convenios vigentes.(Ver noticia)
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