CCOO y UGT forzaron ayer al Gobierno regional a aceptar una negociación sobre el mantenimiento de los empleos públicos. Alarmados por los anuncios de recortes presupuestarios -que previsiblemente afectarán la prestación de los servicios públicos- las dos organizaciones más representativas de los trabajadores en el Archipiélago plantearon al Ejecutivo la necesidad de estudiar la viabilidad de fórmulas que aseguren que esas medidas no repercutirán en la pérdida de puestos de trabajo.(ver noticia)
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