En 2000, siendo presidente regional Román Rodríguez, la Cámara regional constituyó, por unanimidad, una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas en el proyecto del escultor Eduardo Chillida.
El polémico dictamen de la comisión de investigación exigía responsabilidades a todo el Gobierno canario de Manuel Hermoso de 1995 a 1999. Coalición Canaria (CC) y la Agrupación Herreña de Independientes (AHI) presentaron sendos votos particulares en los que mostraban su oposición a las conclusiones por la ausencia de pruebas.
El pleno del Parlamento desechó finalmente el dictamen al producirse sucesivos empates a 30 votos que no pudieron desbloquearse. Los 24 escaños de CC más los dos diputados de la AHI, junto a cuatro votos tránsfugas del PP, hicieron frente a los otros 30 votos favorables al dictamen del PSC y el PP.
Pero ha tenido que producirse una nueva sentencia, para volverse a hablar del caso, siendo oportuno hacer algunas reflexiones:
- Está claro que el gobierno de Canarias ha pagado 1.960 millones de pesetas para hacer estudios que no aparecen por ninguna parte.
- Las empresas dicen que ese dinero lo usaron para pagarle a uno de los socios, el otro era el propio Gobierno, por la adquisición del terreno, pues en 1996 una empresa creada por el Gobierno de Canarias y Cabo Verde S.A. compra la cantera por 900 millones para hacer la obra. Habría que preguntarse: ¿Porqué el Gobierno compra con un tercero un terreno para hacer una obra?. ¿Quiénes son los terceros?.
- En 1998 se adjudica la obra a una UTE por 8.490 millones de pesetas, de cuya cantidad se cobran los 1.960 millones de pesetas, pero no se hace nada.
- Es el propio Gobierno Autonómico el que luego presenta demanda civil por las supuestas responsabilidades derivadas del denominado Caso Tindaya. El ejecutivo canario reclamaba a las empresas contratistas FCC y Necso Entrecanales Cubiertas, y a la UTE formada por ambas, diversas cantidades de dinero en concepto de daños y perjuicios.
- Es el juzgado de primera instancia número 8 de Las Palmas de Gran Canaria el que rechaza esta demanda del Gobierno Autonómico al que la titular del juzgado niega el derecho a reclamar como tal en este caso, en tanto que participó en él a través de la sociedad Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, quien dificultó la ejecución de los trabajos contratados, al imponer y aceptar, tanto de Chillida como de los propietarios de la montaña, condiciones de complicado cumplimiento. En ella se concluye que fue el Ejecutivo el que hizo "inviable cualquier ejecución del contrato, pues, agotado el impulso político y mediático con el que el Gobierno de Canarias rodeó la adjudicación del contrato, éste cayó en la desidia, culminando en una tozuda negativa a cumplir las condiciones del autor".
- Es decir, la reciente sentencia, desfavorable al Gobierno de Canarias, indica que al gobierno de Canarias no le han robado y que sabía en todo momento lo que pagaba. Además, dice una cosa novedosa y es que el propio gobierno tiene la culpa de que la obra no pudiese hacerse.
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